Las defensoras de derechos humanos son el colectivo más amenazado y olvidado en el conflicto colombiano.
Estas mujeres que se exponen a la muerte cuando alzan la voz para pedir paz y justicia, lanzan ahora un SOS a Europa para que las proteja.
La elección de Juan Manuel Santos en agosto de 2010 como presidente de
Colombia en lugar de Álvaro Uribe despertó expectativas de mejora de
respeto de los derechos humanos en el país, uno de los de peor historial
en el mundo en este terreno. Quince meses después de su toma de
posesión, el discurso público de la administración Santos exhibe más
sensibilidad y algunas iniciativas legales positivas, pero la terrible
realidad sobre el terreno no ha cambiado. La masiva violación de
derechos humanos en Colombia por parte de los actores armados legales e
ilegales sigue tan mortífera y dramática como en los últimos años, según
denuncian numerosas organizaciones de derechos humanos. Sobre los
defensores de DDHH ha mejorado el discurso oficial, pero no el
comportamiento oficial: los asesinatos, desapariciones, hostigamientos y
amenazas no se están reduciendo.
Es cierto que todos los colombianos son víctimas potenciales de la
crisis humanitaria del país, cuya violencia extrema a gran escala ha
despojado ya por la fuerza a 5’3 millones de colombianos de sus
propiedades y proyectos de vida, convirtiéndolos en desplazados internos
(refugiados que en su huida no han traspasado una frontera
internacional). Colombia es el país con más desplazados del mundo y con
más sindicalistas asesinados del mundo (el 65% del total). Solo en las
elecciones locales y departamentales del mes pasado asesinaron a más de
40 candidatos. Aun así, otro colectivo resulta una diana aún más
vulnerable a tales ataques.
Es notorio que los defensores de DDHH son uno de los objetivos
prioritarios de los asesinatos, intimidaciones, desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales, persecuciones legales arbitrarias,
agresiones, amenazas y señalamientos. El año pasado fueron asesinados en
Colombia al menos 32 defensores de DDHH, y en el primer trimestre de
este año ya lo fueron otros nueve. De momento, bajo el gobierno Santos
son ya al menos 20 los asesinados: uno cada tres semanas de promedio.
Sin embargo, entre los defensores de DDHH hay un colectivo aún más
débil, atacado y amenazado: el de las defensoras. Su extremo nivel de
persecución saltó a la actualidad internacional el 7 de junio con el
espeluznante asesinato en Medellín de la popular activista Ana Fabricia
Córdoba de un disparo en la cabeza a bordo de un autobús en marcha.
Las mujeres que defienden activamente los derechos humanos son a menudo
víctimas del conflicto como desplazadas o como madres, parejas o
familiares de varones víctimas de los actores armados, todos ellos
violadores frecuentes de los DDHH: militares, paramilitares,
guerrilleros y narcotraficantes y mafiosos de toda laya. Son
supervivientes, con frecuencia responsables de familias mutiladas o
desestructuradas por la guerra, y además muchas veces víctimas de
agresión sexual o violación: se calcula que unas 62.000 colombianas son
violadas cada año, es decir, unas 170 al día. Día y noche, año tras año, en Colombia una mujer es violada cada ocho minutos.
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